La detención de Thierry, “durísimo golpe a ETA”, afirma José Luis Rodríguez Zapatero

Madrid, 21 de mayo. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de “durísimo golpe a ETA” las cuatro detenciones del martes en el sur de Francia, entre los que se encuentra el considerado número uno de la organización armada, Javier López Peña, alias Thierry.

El operativo continuó hoy con la detención de dos personas, un francés en la ciudad de Burdeos, Francia, y el ex alcalde de la localidad vasca de Andoain, José Antonio Barandiaran Ezama, por haberse reunido con los cuatro detenidos del pasado martes.

Rodríguez Zapatero dijo que la operación policial “es un paso más en la victoria de la democracia sobre el terror” y que “el destino que los terroristas tienen es pagar por sus acciones: ser perseguidos, detenidos y cumplir la condena que los jueces les impongan”.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, señaló que los detenidos podrían ser quienes ordenaron los últimos asesinatos, el del ex concejal socialista Isaías Carrasco y de los guardias civiles Fernando Trapero, Raúl Centeno y Juan Manuel Piñuel.

Para el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que visita Dakart, “probablemente en el momento actual Thierry es una de las personas con más influencia política y militar en el grupo terrorista, si no la que más”, y resaltó que “estamos ante una de las operaciones más relevantes”.

La policía española sostiene que el operativo es el mayor golpe a la organización vasca desde 2004, cuando fue detenido el entonces máximo dirigente de ETA, Mikel Albizu Iriarte.

Pero el diputado del Partido Nacionalista Vasco Josu Erkorek rompió el tono triunfalista y pidió modular la importancia que se les atribuye a los detenidos dentro de la estructura política y militar de ETA y en la capacidad de decisión”, pues, dijo, “pensamos que los decisivos en ETA son otros”.

López Peña huyó de la justicia en 1983 y se trasladó a Cuba, donde permaneció hasta hace cinco o seis años cuando viajó a Francia a retomar sus actividades en ETA. Como parte del aparato de dirección, a mediados de 2006 se presentó a una reunión en Suiza, en pleno proceso de diálogo para la pacificación del conflicto.

En la detención de Thierry y sus acompañantes también se incautaron documentos relevantes, material informático y explosivos.

Explorará el FAP vías legislativas para que se realice una consulta sobre Pemex

A partir del planteamiento que formuló el martes el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, el Frente Amplio Progresista (FAP) impulsará las modificaciones legales necesarias con el propósito de que se realice una consulta popular sobre las iniciativas de Felipe Calderón para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que de manera formal llevará a la Junta de Coordinación Política el planteamiento de que se realice una consulta, un plebiscito o un referendo sobre la reforma de Pemex, como parte de las soluciones políticas que deben buscarse para evitar que al final del debate la situación vuelva a ser la que se dio en abril.

Aclaró que una vez terminado el debate nacional, el 22 de julio, comenzará la discusión entre legisladores, serán dos sesiones intensas, entre 23 y 31 de julio, y “en agosto veremos cuál es la condición que tiene el Congreso para proceder a dictaminar las iniciativas presentadas hasta ese momento”.

Adelantó que el PRD prepara su propia iniciativa en materia petrolera, por lo que habrá varias, junto con las de Calderón.

Resaltó que aunque el PAN se opone terminantemente a una consulta popular o un referendo, él tratará de “explorar en las vías parlamentarias la posibilidad de convencer a los legisladores panistas y priístas” de la conveniencia de optar por alguno de esos mecanismos, que permitan a los ciudadanos decidir en un tema de tal importancia, como la reforma a Pemex.

Destacó que a PAN y PRI les debe preocupar también lo que pasará en julio próximo, cuando concluya el debate petrolero, porque hay varios escenarios; entre ellos que se decida rechazar las iniciativas de Felipe Calderón o elaborar un proyecto distinto al que propone el gobierno, que aleje la pretensión de abrir Pemex a los inversionistas extranjeros.

Una tercera posibilidad, agregó, es que “no haya vencedores ni vencidos, sino que abramos legislativamente la posibilidad de convocar a un plebiscito, un referendo o la consulta popular en los términos expuestos por el ex ministro Juventino Castro”.

Navarrete aclaró que en el caso de la última opción se requiere que el FAP logre consensos con otras fuerzas políticas en el Congreso, con miras a aprobar una ley reglamentaria del artículo 26 constitucional, en la que se detalle cómo se llevará a cabo la consulta popular.

Difirió con quienes consideran que los ciudadanos no podrían discernir acerca de ese tema. “Quienes piensan que los mexicanos no comprenden el tema del petróleo y que no deberíamos darles la oportunidad de opinar, se equivocan”, recalcó. Afirmó que “con un sí o un no los chilenos expulsaron a Pinochet del gobierno, e igualmente con un sí o un no los uruguayos frenaron la privatización de la seguridad social”.

Otro debate entre juristas

Este jueves se llevará a cabo el cuarto foro de análisis con el tema Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética, con la participación de ocho juristas: Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido, Raúl Carrancá y Rivas, Sergio López Ayllón, José Elías Romero Apis, José Roldán Xopa y el ex senador panista Fauzi Hamdan, quien entró en la lista de invitados de último momento en lugar de Germán Fernández Aguirre.

Para la próxima semana ya están listos los panelistas. El martes asistirán el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Francisco Barnés de Castro; el premio Nobel de Química, Mario Molina, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza.

El jueves participarán en el debate petrolero cinco gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por el PRI acudirán los mandatarios de Veracruz y Tamaulipas, Fidel Herrera y Eugenio Hernández. Por el PAN acudirán los de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/22/index.php?section=politica&article=009n1pol

Van 4 mil ejecutados en el gobierno de Calderón

De acuerdo con registros oficiales, en lo que va de la administración de Felipe Calderón ya suman más de 4 mil ejecutados, es decir, en promedio han muerto diariamente a manos del crimen organizado 7.6 personas a lo largo de 527 días. Sin embargo, la semana pasada la violencia se incrementó hasta superar los 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente en estados como Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En 18 meses de gestión de Felipe Calderón Hinojosa se han cometido 4 mil 44 ejecuciones: 2 mil 794 de enero a diciembre de 2007, y mil 250 del primero de enero al 20 de mayo de este año.

La violencia se ha incrementado en entidades como Guerrero, donde se consideraba que el llamado operativo conjunto había logrado afectar la operación de los grupos del crimen organizado; sin embargo, el número de homicidios atribuidos a esas bandas, definidos como ejecuciones, ha ido en aumento y tan sólo en los últimos diez días se han reportado más de 80 muertes a pesar del despliegue de miles de militares y centenares de agentes federales en ese y otros estados.

A este respecto, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quienes dieron acceso a estadísticas gubernamentales, reconocieron que este mes se puede convertir en el más violento de los últimos años, ya que el promedio mensual es de entre 200 y 220 asesinatos, pero a nueve días de que termine el actual mayo ya suman más de 180 y las entidades con mayor violencia son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, estado de México y Guerrero.

Más de 45 funcionarios públicos, entre militares, agentes federales y policías municipales o estatales, han sido asesinados tan sólo en lo que va de 2008, y en este rubro los principales estados en que han ocurrido estos hechos son Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Según autoridades federales, el recrudecimiento de la violencia obedece “a un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”. Sin embargo, fuentes de información que participan en la administración federal mencionaron que existe una guerra entre cárteles por apoderarse de territorios de bandas rivales, y también ha aumentado la violencia en la frontera norte debido a la separación de los hermanos Beltrán Leyva del grupo que dirige Ismael El Mayo Zambada, y que hasta hace unas semanas encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán.

En esta ola de violencia se deben mencionar las ejecuciones perpetradas los primeros días de mayo en Guerrero, mismas que, según el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, obedecieron a una disputa por las rutas de tráfico de mariguana en la zona Iguala-Petatlán, donde grupos de hombres armados trataron de asesinar a Rogaciano Alva Alvarez, ex dirigente ganadero en esa entidad.

En este mes han sido asesinados efectivos de la Policía Federal Preventiva en los estados de Sinaloa, Chihuahua y la ciudad de México; apenas el pasado martes ocho hombres fueron ejecutados en Durango, y ayer en la carretera México-Cuernavaca aparecieron dos policías ministeriales del estado de Morelos muertos y encajuelados.

Sugieren al Congreso blindar reforma energética ante posibles controversias

Especialistas en Derecho debatieron sobre la reforma energética

México, 22 May (Notimex).- Las iniciativas de reforma energética del Ejecutivo federal se ajustan al marco constitucional pero deben modificarse para evitar controversias y acciones de inconstitucionalidad, consideraron especialistas en Derecho.

En el foro "Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética" que organiza el Senado, el secretario general del CIDE, Sergio López Ayllón, sostuvo que dicha propuesta respeta la carta magna pero debe ser reformada para blindarla "en algunos puntos específicos y robustecer su congruencia con la Constitución".

Opinó que las iniciativas cumplen de manera cabal con el precepto constitucional pues proponen que Petróleos Mexicanos (Pemex) siga con la facultad exclusiva sobre el crudo, los productos de la petroquímica básica y de la refinación.

El integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que se modifica el alcance de las "áreas estratégicas" para la posible participación del sector privado en diversas áreas antes reservadas al Estado.

A su decir ello no contraviene disposición constitucional alguna, al igual que los llamados contratos incentivados, pues no tiene nada qué ver con los contratos de riesgo.

En su oportunidad José Luis Romero, doctor en Derecho Constitucional, afirmó que si bien algunos puntos de la reforma "entran en colisión con la Constitución, no tienen ningún efecto jurídico concreto ni producen ningún perjuicio real".

Sin embargo tienen normas que pueden ser declaradas inconstitucionales, por lo que el Congreso debe blindar el proyecto presidencial "ante la eventual acometida proveniente de otro poder público", añadió.

En su turno el investigador universitario Miguel Carbonell sostuvo que si bien las iniciativas pueden mejorarse son constitucionales, pues no comprometen la renta petrolera ni generan derechos sobre los hidrocarburos.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM indicó que la refinación de petróleo por parte de particulares no está prohibida por la Constitución y puede ser autorizada válidamente por el Congreso.

Además las propuestas presidenciales tienen un candado para que las empresas privadas no puedan hacerse de un beneficio obtenido del petróleo o sus residuos, y los pagos que reciban serán en efectivo, destacó.

Por su lado el ex legislador del PAN Fauzi Hamdan defendió la constitucionalidad de las iniciativas presidenciales y rechazó que impliquen la privatización de Pemex o la pérdida de la rectoría del Estado en la materia.

En el mismo foro el especialista Sergio García Ramírez consideró que si bien en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no se plantea una reforma a la carta magna sí tiene una relación estrecha con decisiones constitucionales.

Aseveró que esa propuesta reduce las áreas estratégicas a las que se refiere el Artículo 27 constitucional, ya que algunas actividades pasarían a otras manos y otros intereses "sociales o privados, nacionales o extranjeros".

El exsecretario del Trabajo planteó que si una ley secundaria corrige la normatividad suprema, en este caso la carta magna, quedaría en riesgo todo el orden constitucional.

Mientras tanto el investigador de la UNAM Luis Javier Garrido estimó que si se concreta la citada iniciativa se podría llevar a Petróleos Mexicanos (Pemex) "a un abismo".

El experto en Derecho Constitucional Raúl Carrancá opinó, en tanto, que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la carta magna propuesta en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no cumple con lo previsto en la Constitución.

El profesor emérito de la UNAM subrayó que en el referido apartado de la Constitución está prohibido en la industria petrolera nacional la celebración de contratos u otorgamientos de concesiones a particulares.

Sin embargo el Artículo 6 de la Ley Reglamentaria que propone el Ejecutivo señala que Pemex y sus organismos subsidiarios y filiales podrán celebrar contratos o conceder permiso a particulares.